En esta entrada y para seguir conociendo a Paraguay, la investigadora de Oxfam, Déborah Itriago, nos comparte algunos de los principales argumentos de su trabajo más reciente: Tributación en Paraguay: el ostracismo de la pequeña agricultura.

 
Paraguay es uno de los principales proveedores de alimentos del mundo (soja, en particular), pero también uno de los países más pobres y desiguales de América Latina. Aunque los minifundios campesinos suponen 8 de cada 10 exlotaciones agrarias del país, su extensión total no ocupa más que el 4,3% de la tierra de cultivo. Una concentración de poder y recursos que amenaza con la pobreza a cerca de la mitad de la población rural.

El aumento de la producción y exportación de soja -controlados por inversores extranjeros y grandes productores- ha marginado otros cultivos de seguridad alimentaria que dependen de la agricultura familiar campesina. Este crecimiento ha ido acompañado de una acumulación de prebendas injustificables que han delineado una realidad incomprensible: una presión tributaria muy baja (de las más bajas de América Latina y el mundo), inestable y excesivamente sesgada hacia impuestos indirectos sobre el consumo, lo que debilita la capacidad del Estado para erradicar la pobreza y perpetúa la desigualdad característica del país.

¿Quiénes ganan con este modelo? Los colonos de brasileños destacan en la producción de soja en varios departamentos del país. Se podría afirmar que uno de estos inversores tendría que haber obtenido una rentabilidad mínima (promedio anual) del 46% en los últimos 10 años para que le valiese la pena haber asumido los riesgos implícitos de hacer negocio fuera de su entorno natural. Fuentes oficiales informan que el agronegocio ha disfrutado de años con rentabilidades cercanas al 69%. Sin embargo, la recaudación del IMAGRO (Impuesto a las Rentas de las actividades agropecuarias) representa menos del 1% de la recaudación total.

En otras palabras, los terratenientes pagan menos de 0,23 céntimos de dólar por hectárea/año por el “cuasi monopolio” privado de la tierra paraguaya.

No existe un impuesto sobre la renta personal, más del 62% de la recaudación se basa en el Impuesto al Valor Agregado (similar al IVA) y las exoneraciones fiscales y subsidios que benefician al sector sojero son de un impacto social como mínimo dudoso.

Hay además claros indicios para sospechar que el IRACIS (similar al impuesto de sociedades), en el que también tributan los agroexportadores, todavía tiene un margen muy considerable para hacer el aporte justo al Estado paraguayo. La concentración del negocio exportador en manos de poderosas multinacionales y el agujero que deja en el sistema de fiscalización la falta de un impuesto a la renta personal alimentan esta sospecha.

Mientras el 40% de la población paraguaya vive en el campo, la pequeña agricultura ha recibido una financiación que representa el 5% del gasto público. El desplazamiento de campesinos (entre otras cosas, por la intensificación de la producción de soja) a ciudades sin perspectiva de empleos dignos es significativo, y una ineficaz regulación ambiental sobre los sojeros amenaza aún más los medios de vida y el ecosistema campesino.

Lejos de haber obstáculos técnicos insalvables, las piedras en el camino están en las esferas del país donde se formulan y aprueban las políticas que deberían beneficiar a la mayoría y que, por el contrario, están cooptadas por intereses particulares extranjeros y nacionales que impiden construir un mejor país. Hablar de justicia tributaria o fiscal en Paraguay supone dejar al descubierto y desmantelar la excesiva concentración de poder político y económico del país.

Este texto fue publicado el 7 de junio de 2012 por Déborah Itriago para 3500 millones – Ideas irreverentes contra la pobreza