José Carlos Rodriguez es sociólogo y analista de DECIDAMOS, organización paraguaya aliada de Oxfam. También es parte de la Campaña por la Expresión Ciudadana y de la Alianza ciudadana para la transparencia y el desarrollo. En esta entrada José Carlos nos cuenta dónde esta la ciudadanía en medio de la crisis política que vive Paraguay.

Paraguay vive una crisis política interna e internacional sin salida predecible. No se entiende como, de un día para otro, a nueve meses del fenecimiento de su mandato, el parlamento pudo desplazar al gobierno electo de Fernando Lugo y conseguir una mayoría adversa tan enorme en las dos cámaras, casi sin argumentos y con una interpretación tan cuestionable del juicio político. No se entiende como el gobierno no haya podido prever, ni neutralizar la unión de todo el oficialismo y toda la oposición parlamentaria para derrocarlo y designar al vicepresidente Federico Franco. Tampoco resulta muy evidente la reacción del Presidente, que se haya sometido al proceso y al veredicto del juicio y, sin embargo, los califica de ilegales. Y no está claro por qué hay una reacción tan pequeña en contra al ‘golpe de Estado’, como dicen los partidarios de Lugo, y ninguna reacción a favor del ‘traspaso legal de un gobierno a otro’, como dicen los partidarios de Franco. En cualquiera de los dos casos, la ciudadanía está fuera del juego.

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Desencadenante oficial de Juicio Político de Fernando Lugo fue la muerte de 6 policías y 11 campesinos ocurrida durante el allanamiento de la ocupación campesina de un inmueble usufructuado por un terrateniente que tampoco tenía títulos de propiedad en regla. Pero el libelo acusatorio no arrimó ningún hecho delictivo imputable al gobierno ya que el fatídico episodio se había cumplido respetando todos los recaudos legales, con el debido procedimiento, la orden judicial y de la fiscalía.

El alegato del Juicio Político acusó al gobierno por varias motivos para condenarlo de mal desempeño según el artículo 225 de la Constitución Nacional: la inseguridad creciente; la firma de un compromiso democrático con Unasur, Ushuaia –a ser ratificado o rechazado por el parlamento–; la responsabilidad en el episodio de Curuguaty (donde se perdieran vidas de policías y campesinos); la compra de tierras (de propietario Texeira) para la reforma agraria, acto que había sido considerado y no ejecutado; y, nombramientos de funcionarios inadecuados. El procedimiento adoptado, aprobado después de la acusación, dio unas 17 horas al presidente para que prepare la defensa y 2 horas para que las exponga. El veredicto estaba cantado.

Algunas acusaciones contra el presidente fueron exorbitantes, como actuar de “amparo y con la complicidad” con un pequeño grupo insurgente; o mantener permanente relaciones con secuestradores. Otras son simplemente gratuitas, como la comisión de actos que en realidad no tuvieron lugar. Ni se le dio tiempo ni se escuchó la defensa, como tampoco se había tomado en serio la acusación, no habían razones, sino votos. La acusación no se basó en otra prueba que no sean artículos contra el gobierno publicados en la prensa, que en general le había sido adversa. Lo contundente fueron los votos: 39 sobre 45 senadores.

Contrasta la desproporción entre el plan relámpago, verdadera obra de relojería, meticulosamente puesta en práctica y conducida sin el mínimo contratiempo, y, por otro lado, sus pírricas consecuencias: aislamiento internacional y una crisis política interna sin salida predecible. Es posible que los próximos catorce meses el país tenga muy poco gobierno. Y no sería sorprendente que, en una situación de baja gobernabilidad, tengan lugar una mala gestión, mayor violencia social, parálisis de la acción pública y desorden en la sociedad civil, tomando en cuenta los crónicos y graves problemas sociales pendientes, especialmente en el mundo campesino y en el turbulento horizonte económico internacional.

Un poco de especulación nos hace imaginar a los colorados –que estaban en la oposición, por primera vez en 60 años– ofreciendo a los liberales, sus adversarios históricos, que tomen todo el gobierno, deshaciéndose de sus aliados, con apoyo colorado y sin pedirles nada a cambio. Una manzana tentadora, pero que omitía la consideración sobre los costos y las consecuencias: se ha colapsado la primera alternancia política electoral de la historia del Paraguay; se ha conformado un gobierno de última hora, sin muchas posibilidades de éxito, sin prestigio, nacido de un pacto secreto entre un puñado de complotados y conducido con un procedimiento vicioso; y se ha dejado aislado internacionalmente al país, como no ocurría más desde hace 23 años, cuando se inició la democratización del Paraguay.

Un mal cálculo del gobierno de Lugo había sido el distanciarse del parlamente en forma creciente, incluso de sus aliados liberales. Las diferencias culturales entre la actitud transgresora e impredecible del presidente y la actitud conservadora y prebendaria del parlamentario fueron aumentando. Los partidos tradicionales no sabían con quién estaba Lugo y como iba a actuar en el próximo proceso comicial, sobre todo, en la interna partidaria recalcitrante de los inmensos partidos colorado y liberal. Querían evitar que Lugo sea un actor político o ‘gran elector’ con capacidad de volcar la balanza de un lado o del otro en las contiendas partidarias. De ahí que los ‘operadores’ claves del juicio político hayan sido los líderes y candidatos presidenciales del coloradismo y del liberalismo: Horacio Cartes y Blas Llano. Ahora, cuál habrá sido la oferta o contrato político con los demás grupos y subgrupos es algo que se conocerá con el tiempo. La malicia colorada del pacto colorado-liberal es evidente. El coloradismo no perdió nada y el liberalismo aparentemente lo gana todo, aunque por el poco tiempo que nos recuerda los deleites de Capua de Aníbal el africano. Los liberales iniciaron un frágil y breve gobierno con altas posibilidades de perder prestigio y luego las próximas elecciones, aunque desde una cómoda posición de gobierno.

El presidente depuesto, Fernando Lugo, tampoco la tiene fácil. Dejó el gobierno, acatando el fallo y el sucesor, que luego calificó como un golpe de Estado, lo que parece una aporía. El argumento del ex mandatario es pragmático: lo hice para evitar la violencia. Lugo pudo haberse tentando a resistir, pero esa alternativa hubiera llevado a inevitables enfrentamientos entre los militares leales al presidente electo y los militares leales al presidente designado, o sea, a un conflicto armado en el cual la política habría sido acallada, para dar la palabra a los fusiles y al derramamiento de sangre. La situación de seguridad y las garantías de ex presidente es muy precaria, aunque hasta ahora la voluntad de las partes ha sido no hacer violencia, Lugo es demasiado perturbador para ser tolerado por el gobierno que si bien no quiere presentarse como una dictadura y no lo quiere reprimir, tampoco quiere permitirle hablar sin restricciones, por ser tan fuerte la voz del ex presidente para un gobierno tan débil.

La gran ausente es la ciudadanía. A favor del gobierno depuesto no hubo una manifestación masiva, sino selectiva. Y a favor del nuevo gobierno no hay ninguna reacción. Ningún festejo, ninguna alegría. El derrocamiento del gobierno fue una obra tan silenciosa y sigilosa como inesperada. Realmente un golpe de sorpresa que sorprendió a la gente desprevenida. Por eso, el futuro dependerá más que nunca de la gran ausente, la gente, que todavía no ha tomado la palabra.