Preliminar

Con independencia de que el presidente José Manuel Zelaya haya incurrido en acciones inconstitucionales, asunto polémico, acciones por los cuales se le debió seguir un proceso de acuerdo a la las leyes hondureñas, contra él se activó un golpe de Estado. Este golpe de Estado recibió el rechazo, aunque por razones diversas, de una parte significativa de la población de Honduras, y también el inevitable repudio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, además, exigió la inmediata restitución del presidente Zelaya en su cargo. Esta instancia, para quienes desean hoy desconocerla, es una organización internacional panamericana de la cual forman parte todos los Estados americanos (excepto Honduras, suspendido en julio del 2009) y a la que solo no pertenecen los territorios que todavía son colonias (Guayana Francesa o, más polémicamente, Puerto Rico, por ejemplo). Cuba fue recientemente readmitida en la OEA pero no participa en ella. La suspensión de Honduras fue votada por 33 Estados de 34 (Honduras se abstuvo). La decisión de la OEA se basó en su carta constitutiva (1948) y en la reciente Carta Democrática Interamericana (2001). Está, pues, apegada a derecho panamericano e internacional.

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